Título VIII de la Constitución. La organización territorial del Estado.

CCAAAnalizamos en la entrada de hoy el octavo Título de la Constitución española referido a la organización territorial del Estado. Y como nota mas característica, a las Comunidades Autónomas.

El Título VIII se compone de tres capítulos, divididos en principios generales, Administración Local y Comunidades Autónomas, que forman los 22 artículos (137 – 158)  que lo comprenden.

Comienza el Título estableciendo unos principios generales en cuanto a ordenación territorial, dividiendo al Estado en municipios, provincias y Comunidades Autónomas, todas ellas con autonomía propia dentro de los límites establecidos.

España se caracteriza por tener un sistema descentralizado en Comunidades Autónomas, pero no es el único sistema territorial que existe. De esta manera, podemos encontrarnos otros tipos de organización territorial como los descentralizados federales, típicos de Rusia y Estados Unidos o los estados unitarios, sin ningún tipo de descentralización, típico de los Estados pequeños y de Francia.

Se establece en la propia Constitución, y como ya se anunciaba en su articulo 2, el principio de solidaridad entre las Comunidades Autónomas, el cual se traduce en compensaciones y ayudas económicas entre ellas reguladas al final del Título a través del sistema de Fondo de Compensación interterritorial.

El Capítulo segundo de este Título ya entra en materia concreta de organización, hablando de los municipios y las provincias.

Los municipios son, en esencia, la entidad territorial mas pequeña y numerosa de nuestro Estado (para hacernos una idea, en Andalucía existen más de 750 municipios, en Cataluña más de 900, etcétera). Están dirigidos por un Alcalde y sus concejales, elegidos por votaciones periódicas al igual que el sistema general para el Estado 

Por encima, como agrupación de municipios, están las provincias. En España, sin contar Ceuta y Melilla, tenemos 50.

Ambas dos, municipio y provincia, tienen sus propias haciendas locales, las cuales tienen como obligado cumplimiento un status quo mínimo. Para ello, se nutren de la recaudación estatal y autonómica mediante participación e incluso, en algunas materias muy concretas, pueden establecer sus propios tributos, como las plusvalías municipales. 

Y terminadas las entidades más pequeñas, reserva el capítulo tercero para hablar de las Comunidades Autónomas.

Únicas en el mundo en cuanto a su configuración, la Constitución permitió a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes la formación de estas mediante un proceso que se llevo a cabo por un total de 17 Comunidades Autónomas en la actualidad (sin contar Ceuta y Melilla).

Se les permite su formación, pero no su “confederación” (unión de varias Comunidades), aunque sí que se permiten los convenios de colaboración entre éstas (art. 145).

Las normas reguladoras de cada Comunidad Autónoma se establecerán en su Estatuto de Autonomía, que viene a ser como la Constitución de cada una de las Comunidades (aquí, el análisis del Estatuto de Andalucía).

Las Comunidades Autónomas, como característica esencial, son autónomas porque tienen asignadas unas competencias por la Constitución para que “hagan y deshagan” sobre ellas. Son un conjunto de actividades sobre los que pueden legislar, gestionar, sancionar, etcétera. Todas estas competencias, de competencia de la Comunidad Autónoma, son las recogidas en el artículo 148.

Por el lado opuesto el articulo 149, que establece una serie de competencias donde el titular de ellas será el Estado, aunque en algunas materias, solo las bases de dicha competencia. Y en base a esas competencias, existen diversas materias que pueden ser gestionadas por las Comunidades Autónomas. Dicha regulación puede ser a través de tres formas:

  • Ley de armonización: normas que emiten las Cortes Generales (el Estado), para coordinar disposiciones autonómicas por razón del interés general.
  • Ley de transferencia: El Estado delega alguna de sus materias a una Comunidad Autónoma. Dicha delegación se hace solamente sobre materias que puedan delegarse.
  • Ley marco: Se faculta a la Comunidad Autónoma a dictar normas para sí misma sobre materias de competencia en exclusiva estatal. Se hace siempre en el “marco” de unas bases marcadas por el Estado.

Para el ejercicio de todas estas funciones, como ya explique en el Título VII, las Comunidades Autónomas cuentan con su propia autonomía financiera, obteniendo recursos económicos de numerosas instituciones (Impuestos cedidos, impuestos propios, Fondo de Compensación interterritorial, etc.)

Y por último, el control que tienen las Comunidades Autónomas por parte del Estado. Éste tiene diversos medios: Tribunal Constitucional, el propio Gobierno, la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas, cada uno de ellos para las competencias que poseen.

Y, en caso de no obedecer a ninguna de las anteriores o crear un problema de interés general grave, se faculta al Gobierno (previo requerimiento al presidente de la Comunidad o mayoría del Senado) a adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir la Ley (art. 155).

Dentro de todas esas “medidas necesarias”, podemos citar algunas que podrían ser posibles ante dicha situación: control de las finanzas de la Comunidad autónoma, toma de control de determinados departamentos, destituciones o, incluso, la disolución de un Parlamento.

Me he dejado muchos temas interesantes y de tremenda actualidad en esta entrada, aunque analizar el Título VII de manera extensa daría para varias entradas. Es por ello que he querido hacer simple y llanamente un breve resumen de las normas generales aplicadas mediante la Constitución y en entradas posteriores hablaré de otras  más.

José Rey, abogado

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