Título VI de la Constitución española. El Poder Judicial

salaAnalizaremos hoy en este Título el tercer y definitivo poder público del Estado, el Poder Judicial.

En primer lugar, ¿qué entendemos por Poder Judicial?, en síntesis, es el poder en el que se engloban todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales del país y su potestad jurisdiccional, esto es, la función de juzgar en base a la ley todos los supuestos que se le planteen.

El organigrama jurisdiccional español es complejo, y dependiendo de la rama del derecho que se esté tratando, más aún. Ahora analizaremos dicha cuestión.

Comenzamos con el análisis del Título con una premisa con la que empieza éste: “La Justicia emana del pueblo”(art 117). ¿Qué quiere decir esto? Es un resquicio de la antigüedad y puro formalismo, pues se entiende que, en conexión con la premisa del art. 1.2 del mismo texto constitucional, la soberanía nacional emana del pueblo. Son formalismos creados para dar cuerpo a la esfera democrática en la que se dibuja España.

Sigue el mismo articulo avisando que los jueces y magistrados (ahora explicaré la diferencia entre ambos), no podrán ser ni separados, ni suspendidos, ni trasladados ni jubilados, salvo que la Ley disponga otra cosa. Son funcionarios y una de las premisas es esa.

Asimismo, la potestad jurisdiccional, es decir, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se le atribuye exclusivamente a los jueces, y a nadie más. Las Sentencias que éstos redacten, serán de obligado cumplimiento por todos los ciudadanos y/o organismos públicos, entidades, etc. (art. 118)

Seguidamente, una breve referencia a la justicia gratuita, sin entrar en detalles de a quien le corresponde y a quien no. Por dar unas pinceladas, decir que la justicia gratuita se regula en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, cuya última modificación fue en junio de 2017. Por ser básico, los requisitos para acceder a la justicia gratuita son simplemente económicos, dependiendo de unos índices que se actualizan anualmente. Por poner un ejemplo, hablando de números brutos, en 2016: 12.780,26 € anuales.

Tras ello, un tema controvertido y en el cual estoy inmerso ahora mismo en plena investigación. Las actuaciones serán públicas salvo excepciones (art. 120). Esto quiere decir que, si un día estás aburrido, puedes acercarte por los Juzgados de la ciudad y entrar en los juicios para aprender y/o cualquier motivación. Igualmente, todas las Sentencias serán públicas y podrán consultarse por toda la ciudadanía.

Tras ello, intentaré hacer un breve resumen-esquema de los tribunales españoles para su compresión. Iré analizando desde la jerarquía más alta hasta la mas baja, aunque antes, varios matices:

  • Algunos juzgados, no es que sean más “importantes” que otros en sí, simplemente tiene competencia exclusiva sobre algunos temas en concreto. Por ejemplo, los delitos de terrorismo, siempre serán juzgados por la Audiencia Nacional.
  • En los tribunales españoles, algunos tienen competencia en todo el Estado (Tribunal Supremo o Audiencia Nacional) y otros en determinadas situaciones geografías concretas, llamadas partidos judiciales (juzgados de primera instancia)
  • Los partidos judiciales son las ubicaciones en la que se divide la organización judicial en España. Algunos, por su envergadura, incluyen simplemente una región concreta (Partido judicial de Málaga) y otros engloban varios pueblos o comarcas (Partido judicial de Coín)
  • En el orden penal, la mayoría de los juicios se llevan a cabo por dos juzgados, el de instrucción y el de la vista o juicio (todo esto, con numerosos matices que no entraré ahora a explicar).

De esta manera, en el primer escalón jerárquico se encuentra el Tribunal Supremo (en adelante TS). El TS tiene cinco salas: Civil, Penal, Contenciosa-administrativo, Social (laboral) y Militar. Y a cada una de ellas se accede mediante unos requisitos concretos. No se puede interponer, por ejemplo, una demanda ordinaria o una querella directamente al Tribunal Supremo.

Un escalón por debajo, (aunque como dije realmente no está por debajo pues tiene unas competencias diferentes), estaría la Audiencia Nacional, con el mismo reparto de salas que el anterior (excepto la militar).

Estos dos órganos, son de competencia nacional. Luego están los de competencia autonómica, y dentro de ellos, los más altos son los Tribunales Superiores de Justicia, también con las mismas salas que el anterior. Sus competencias son tasadas por los Estatutos de Autonomía. Las salas de los Social y Contencioso Administrativo serán las encargadas de resolver los recursos de estas materias, no sin embargo de los ordenes civil y penal.

Para estos dos ordenes, están las Audiencias Provinciales, que además de los recursos del ámbito civil y penal, se encargan de enjuiciar diversos asuntos penales.

Por debajo de esta, se encuentran los Juzgados de lo penal, de lo Contencioso Administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores.

Y en el último escalafón, los juzgados de primera instancia e instrucción, que son los encargados de comenzar los pleitos en materias civiles y penales.

Fuera de éstos, se encuentran los Juzgados de Paz, que pueden encontrarse donde no se encuentran los anteriores y ejercen su potestad en asuntos de escasa cuantía, cumplen las funciones del Registro Civil.

Como se puede observar, el organigrama jurisdiccional español es arduo complejo, aunque sin embargo, está muy detallado en cuanto a competencias y funciones.

Termina el Título nombrando la figura de Ministerio Fiscal, que tiene como misión la de velar por la Justicia, participando incluso en aquellos procedimientos donde sea necesaria su intervención, como pueden ser los procesos penales o los procesos civiles de materia familiar cuando haya algún menor de por medio.

La última figura a destacar es la institución del Jurado, que es consecuencia de la Justicia que emana del pueblo. Cualquiera de nosotros podemos formar parte de un Jurado si nos toca, y no podremos negarnos a ir en caso de llamada. Los pleitos donde tendrán cabida esta institución son, entre otros: homicidios, allanamiento de morada, omisión del deber de socorro, etc.

El jurado se limitará a, en base al relato de hechos expuesto por las partes en los juicios, declarar culpable o no al investigado, quedando los fundamentos jurídicos y la posible pena para el Juez.

Terminado este articulo, termino los poderes públicos. En la próxima entrada hablaré de Hacienda y economía, o lo que es lo mismo, el Título VII de nuestra Constitución.

José Rey, abogado

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