Título V de la Constitución. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales

ConstituciónTerminamos las referencias a las Cortes Generales y el Gobierno en nuestra Constitución con el Título V de ésta. Hoy hablaremos de las relaciones que existen entre ambos y como se llevan a la práctica.

La primera norma que establece la Constitución es la responsabilidad solidaria del Gobierno por su gestión ante el Congreso (Art. 108). ¿Qué quiere decir esto?

En primer lugar, que en el Gobierno responden todos por todos, no es responsable una persona unificada concreta (un Ministro o el Presidente). En segundo lugar, otorga al Congreso la capacidad de exigir responsabilidad. Si antes habíamos visto que el control al Gobierno se hacia por ambas cámaras, el hecho de exigir responsabilidad solo le compete al Congreso.

Para ello, se establece un sistema de ayuda y cooperación entre todos, Cámaras y Comisiones, para que recaben toda la información que precisen para el desarrollo de sus objetivos (art. 109). Objetivos que pueden ser logrados mediante llamadas al Congreso del Gobierno (art. 110) y mediante los debates que sean necesarios (art. 111).

En el ejercicio de sus funciones de exigencia de responsabilidad, se pueden plantear dos figuras que pasamos a estudiar:

  • Cuestión de confianza (art. 112): Ésta, titularidad del Presidente del Gobierno. Sirve para que un determinado tema o un programa al completo de Gobierno sea presentado ante el Congreso para su votación y respaldo. Bastará con la mayoría simple para su aprobación. Si esto no ocurre, el Presidente deberá presentar su dimisión.
  • Moción de censura (Art. 113): Ésta, titularidad del Congreso. Si una décima parte de los diputados se ponen de acuerdo y además, entre ellos proponen un candidato a la presidencia, pueden presentar ésta ante el Congreso para su votación. Para que salga positiva, se exige mayoría absoluta. Si esto ocurre, el Gobierno deberá de presentar su dimisión y se nombrará Presidente al propuesto por la moción.

Un precepto importante de este Título (aunque de uso escaso) es el 116, que establece que una Ley Orgánica regulará los estados de alarma, excepción y sitio. Pero, ¿qué son cada uno de ellos? Por partes:

  • Estado de alarma: Lo podrá declarar el Gobierno, para reestablecer el orden público. Solo de podrá declarar durante 15 días, y en caso de prórroga necesaria, necesitará de la aprobación del Congreso. Se podrá declrarar en casos de:
    • Terremotos, inundaciones, incendios…
    • Epidemias y crisis sanitarias
    • Paralización de servicios públicos esenciales para la sociedad
    • Desabastecimiento de productos de primera necesidad

Cuando el Estado se halle en esta circunstancia, la autoridad competente pasará a ser directamente el Gobierno, subordinándose todas las administraciones públicas a él. Además, podrán adoptarse las siguientes medidas: Limitar la circulación por zonas u horarios, practicar embargos temporales o imponer prestaciones obligatoria e intervenir temporalmente industrias o fábricas

En España, éste se ha dado una vez, en diciembre de 2010, debido a la huelga de los controladores aéreos.

 

  • Estado de excepción: Cuando las libertades de los españoles o el funcionamiento de los servicios públicos se vean gravemente en peligro, el Gobierno podrá solicitar el Congreso una autorización para declarar éste, en el cual deberá, como mínimo, expresar:
    • Efectos del estado de excepción
    • Medidas a adoptar
    • Ámbito territorial concreto
    • Cuantía máxima que las autoridades podrán imponer a quien contravenga las medidas acordadas

Durante este periodo, se podrán incluso limitar algunos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de las comunicaciones. Además, otros derechos como el de reunión pacífica, el derecho de información o el derecho a huelga, también podrán verse afectados.

En España, hasta hoy, no se ha dado lugar nunca un estado de excepción.

  • Estado de sitio: El más severo de los tres “estados especiales”. Solo para casos en los que la integridad de España se vea afectada. Será también a propuesta del Gobierno al Congreso y éste deberá autorizarlo, siendo el compendio de derechos limitados en los dos anteriores más el derecho de saber porque se le detiene, suspendidos.

Algunos delitos podrán ser juzgados por la jurisdicción militar, puesto que el Gobierno designará a una Autoridad militar para ejecutar todas las acciones que sean precisa y estén aprobadas.

Éste estado, tampoco se ha producido en España.

Finalizados éste artículo orientador, doy por cerrado dos de los tres poderes públicos que engloban toda sociedad, el ejecutivo y el legislativo.

En la próxima entrada hablaré del tercer poder, el Judicial.

José Rey, abogado

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