Periodo constitucional en el derecho a la información en España

ConstituciónY, tras años de dictadura y limitado aperturismo, llego la Constitución de 1978 y con ella la consagración de los derechos fundamentales en la Carta Magna. Y el derecho que analizamos, el derecho a la información, concretado en un artículo: el 20.1 d), que reza así:

  1. Se reconocen y protegen los derechos:
  2. a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  3. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
  4. c) A la libertad de cátedra.
  5. d) A comunicar o recibir libremente información verazpor cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

Sin embargo, fue el Tribunal Constitucional (en adelante TC) y su jurisprudencia, el que fue definiendo el concepto de derecho a la información, separándolo de su homónimo hasta entonces de libertad de expresión. De este modo, con la Constitución española se consagra la libertad de expresión y en concreto, la libertad de opinión e información, que llegarán a otorgarle una posición preferente con respecto a otros derechos siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que ahora analizamos. Dicho proceso de preferencia, fue llevado a cabo por una cuantiosa y profusa jurisprudencia que, igualmente, analizaremos con detalle.

Para otorgarle tal condición, el Tribunal Constitucional tuvo que superar varias barreras, entre otras: definir el concepto de opinión pública libre, establecer cuales eran los hechos que merecían ser objeto de opinión pública o hechos noticiables, profundizar en el concepto de veracidad, etc. Estos primeros pasos fueron llevados a cabo por las primeras Sentencias del TC que se referían al articulo 20, ambas definidoras claras de los conceptos que analizamos: la STC 6/1981[1] y la STC 12/1982[2].

El primer paso que llevó a cabo el TC fue crear el concepto de opinión pública Libre[3], pues según en boca del propio Tribunal:«…garantiza el mantenimiento de una comunicación pública libre, sin la cual quedarían vacías de contenido real otros derechos que la Constitución consagra…»[4]es decir, le otorga una importancia tal, que es su principal argumento para luego convertirlo en garantía constitucional.

El TC llevó tan lejos la idea de proteger la comunicación pública libre que la caracterizó como una garantía institucional que estaría contemplada en la propia Constitución, y de este modo la individualiza como un bien constitucionalmente protegido, independiente de la libertad de expresión como derecho fundamental en sí, como podría ser en otro tipo de cosas, la institución del matrimonio[5]. Desde un primer momento por lo tanto, define a la opinión publica libre, con la finalidad objetiva de las libertades de expresión e información, y con este concepto, las garantías del proceso democrático de formación de la voluntad política entran a formar parte del sentido de esas libertades[6]. Dota por lo tanto al articulo 20 de la Constitución en garantizador de la comunicación pública libre.

Dicho status es reforzado en la segunda de las Sentencias citadas (12/1982), cuando añade en su Fundamento Jurídico 3º: «El art. 20 defiende la libertad en la formación y en el desarrollo de la opinión pública, pues la libertad en la expresión de las ideas y los pensamientos y en la difusión de noticias es necesaria premisa de la opinión pública libre[7]».

Por lo tanto, en un primer momento, el Tribunal Constitucional busca dotar de importancia democrática y social al concepto de opinión pública libre. Lo caracteriza como necesario, y a raíz de ello sigue conformando el derecho de información, ya separado del de libertad de expresión. Para el TC por lo tanto, era primordial que existiera un alto nivel de libertad en el derecho de información, puesto que era una premisa innegociable su ejercicio para formar la opinión pública libre.

Tras sentar tal premisa, pasa a un segundo plano. ¿Qué hechos merecen ser contenido de la opinión publica libre? ¿qué hechos son los denominados como noticiables para poder ser ejercidos con preferencia sobre otros? Las STS 105/1983, 159/1986 y 6/1988 dieron la respuesta a ello. Definieron cuales eran dichos hechos noticiables que gozaban del privilegio de poder formar parte de la opinión pública libre.

El objeto de este derecho, dice la STS 105/1983 es el conjunto derechos que puedan considerarse como noticiables o noticiosos[8].Dichos hechos los basa en elconocimiento de hechos que puedan encerrar trascendencia pública y que sean necesarios para que sea real la participación de los ciudadanos en la vida colectiva [9]. No establece el TC mucho más, no da un numerus clasus de las noticias que pueden ser noticiables y cuales no, simplemente se ciñe al conocimiento necesario para la participación ciudadana.

Aunque aquí ya establece, en un principio, un límite: el contenido factual no valorativo. El TC dice en aquella época que los hechos noticiables tendrán posición preferente, sí. Pero solo los hechos, dejando fuera las opiniones sobre los hechos. Por lo tanto, comunicar un comunicado de ETA en un periódico local[10]eran tan válido como publicar la subida de precios del pescado, pues ambos eran hechos y no conllevaban opinión alguna. Esto, claro está, cambió poco después.

Fue dos años después, en la STC 107/1988, en la que se tomó una opinión o valoración como unidad del derecho a la información, y por lo tanto se le dio también una posición preferente que persiste hasta hoy en día (dentro de los límites que señalaremos). La Sentencia referida fue en relación a José Luis Navazo Gancedo, un objetor de conciencia de la “mili”, que publicó en Diario 16 (periódico de la época) unas declaraciones que decían lo siguiente:

“Es increíble que a mi me metan siete meses y que castiguen con un mes de arresto a un capitán de ilustre apellido que llamo cerdo al Rey. Esto me confirma una idea que yo tenía arraigada: hay una gran parte de los jueces que son realmente incorruptibles; nada, absolutamente nada, puede obligarles a hacer justicia”

Entendió el TC que el mensaje emitido por Navazo, a pesar de su contenido valorativo y no factual, contribuía a la formación de la opinión pública libre, por lo que dotaba de una posición preferente el ejercicio de dicho derecho, al igual que con los hechos valorativos que exigían antes. Es una segunda vuelta al concepto que hace que, hechos noticiables y opiniones puedan ser amparadas por le TC con posición preferente respecto de otros derechos fundamentales. Como dije anteriormente, la institucionalización de la opinión publica libre y la importancia que se le dio en los primeros años de democracia fue fundamental para que esta idea calara en los tribunales.

Pero dicha Sentencia del TC no solo fue novedosa por la introducción de una opinión como preferencial. Dicha Sentencia además introduzco un elemento más para dotar de preferencia al articulo 20 de la CE que si bien estaba recogido en el texto constitucional, no estaba siendo abordada por el TC aún. Hablamos del termino veraz. Y lo introduce para diferenciar, en cuanto a preferencia de derechos se refiere, la libertad de expresión de la libertad de información. De esta manera, considera el Tribunal que la libertad de expresión es más amplia que la de información y no le requiere tal veracidad. En palabras del propio Tribunal:

“la legitimidad de ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan, por su naturaleza abstracta, a una demostración de su exactitud y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, independientemente de la parte a quien incumba su carga, la legitimidad constitucional del derecho a informar, según los términos del art. 20.1 d) de la Constitución, y, por tanto la libertad de expresión es más amplia que la libertad de información por no operar, en el ejercicio de aquélla, el límite interno de veracidad que es aplicable a ésta, lo cual conduce a la consecuencia de que aparecerán desprovistas de valor de causa de justificación las frases formalmente injuriosas o aquellas que carezcan de interés público y, por tanto, resulten innecesarias a la esencia del pensamiento, idea u opinión que se expresa [11]

Dota un plus de contenido a los hechos noticiables, que es la veracidad. Una veracidad no obstante no total, dicha veracidad entienden los tribunales (Europeos y españoles) que no debe de ser infinita, sino que lo que se debe salvaguardar es la buena fe de los periodistas, de modo que comuniquen informaciones exactas y dignas de crédito, respetando la deontología periodística.”[12]

Esa exigencia de “actuar de buena fe” implica que quienes comuniquen información han de poner todos los medios y esfuerzos necesarios para asegurarse de que lo que están transmitiendo sea veraz. No obstante,  esos esfuerzos y esa buena fe quedan demostrados cuando la información comunicada proviene, por ejemplo, de informes oficiales[13]o de actuaciones judiciales[14], de ahí la importancia de los gabinetes técnicos periodísticos en los Tribunales o en las Administraciones públicas, que no son la norma en el derecho comparado como veremos en próximas entradas. 

[1]STC La Voz de España y Unidad (6/1981), de 16 de marzo (BOE de 14 de abril de 1981)

[2]STC Antena 3 (12/1982), de 31 de marzo (BOE de 21 de abril de 1982)

[3]Entendemos por opinión pública todas aquellas preferencias sociales o individuales hacia unos hechos que tengan relevancia pública relevante.

[4]STC La Voz de España y Unidad (6/1981) FJ 3º

[5]Rodríguez, Ángel (2016): El honor de los inocentes y otros límites a la libertad de expresión relacionados con la administración de justicia. Málaga: Tirant lo Blanch.

[6]Saavedra López, Modesto (1993): “Opinión pública libre” y medios de comunicación social en la argumentación jurídica del tribunal constitucional español. Cuadernos de filosofía del derecho Nº14 – págs. 135-156

[7]STC Antena 3 (12/1982) FJ 3º

[8]STC 105/1983, FJ 11º

[9]STC 105/1983, FJ 11º

[10]STC Egin (159/1986). El diario vasco Egin publicó dos comunicados de la banda terrorista ETA en sus páginas, siendo el director del periódico en un primer momento penado como reo de apología terrorista y amparado luego por le TC en la referida Sentencia,

[11]STC 107/1988, FJ 2º

[12]Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto Gutiérrez Suárez c. España, de 1 de junio de 2010 (16023/07); párr. 35.

[13]Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto Colombani y otros c. Francia, de 25 de junio de 202 (51279/99); párr. 65

[14]Sentencia del Tribunal Supremo, 851/1996, de 24 de octubre; FJ 1º.

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