Los antecedentes del derecho a la información en España

cadizToda la histórica configuración del derecho/libertad de información tuvo sus particularidades en nuestro país. Si bien es cierto que la evolución del mismo fue de la mano con las demás potencias europeas, conviene en este trabajo ceñirnos a lo acontecido dentro de nuestras fronteras, comenzando por el hito liberal que celebró parte de la sociedad española: La Pepa.

Fue el primer texto constitucional español, el primero que recogió los derechos y libertades de los españoles, fruto de las revoluciones sociales que afloraban toda Europa. Sin embargo, la libertad de imprenta (que es como se conocía por aquel entonces el derecho a la información) fue una libertad conseguida un par de años atrás mediante Decreto, concretamente el 10 de noviembre de 1810[1]. En él, se recogían los principios básicos del derecho a la información tal y como lo conocemos hoy: libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas (artículo 1), abolición de las censuras previas (artículo 2), etc.

Sin embargo, aún quedaba mucho para la plenitud informativa de la que gozamos hoy. Los escritos religiosos serían reservados pora los eclesiásticos (artículo 6), los escritos difamatorios o contrarios a las buenas costumbres serían castigados (artículo 4), etc. En definitiva, se consigue una primera aproximación a la libertad de prensa (y por ende, informativa y de expresión), aunque no resultará plena de momento. Dicho Decreto, es consagrado luego en la Constitución de 1812 de las Cortes de Cádiz, que en el numeral vigésimo cuarto del artículo 131, dispone, como una de las facultades de las Cortes: Proteger la libertad política de la imprenta.

FernandoDichas libertades fueron más o menos respetadas hasta la llegada de Fernando VII y el sexenio absolutista (1814 – 1820), y con él la vuelta del Antiguo Régimen (Tribunales de imprenta, quema de libros…) y de la previa censura. De hecho, se dictaría un Decreto el 2 de mayo de 1815 por el cual se eliminaba toda la prensa excepto dos periódicos: La Gaceta y el Diario de Madrid[2].

Así, comienza una época de alternancias en el poder y en la forma de pensar de los líderes. Al igual que fueron cambiando los Gobiernos y Monarcas, fueron cambiando las miras hacía la libertad de imprenta (información y expresión), retomando las libertades de Cádiz con el trienio Liberal (1820 – 1823) para volver a la censura y absolutismo, de nuevo de la mano de Fernando VII, en la conocida como Década Ominosa (1820 – 1830).

Tras los sucesivos cambios, llegó una época de tensa calma en cuanto al derecho de la información se refiere, con las Regencias de Isabel II y su Reinado posterior. Durante dicho periodo, sí se reconoció la libertad de prensa (y así se estipulo en las Constituciones de 1837 y 1845), aunque ésta seguía estando muy limitada por las leyes que las regulaban. Es lo que en boca de DIEZ DEL CORRAL: «puesto que los periódicos condensan las opiniones de la sociedad y forman hasta cierto punto parte del Gobierno, deben ser constituidos en el mismo plano que la sociedad política a la que pertenece[3]»

Son varios los años en los que se mantiene dicha tensa calma, hasta la llegada a lo mas alto de Ramón María Narváez y Campos a la presidencia, el cual dictó una de las leyes más duras y restrictivas en cuanto a ley de imprenta se refiere: crea hasta veintitrés delitos relativos a la imprenta[4].  Dicha ley, si bien con ciertas matizaciones, se mantendrá hasta la Revolución Gloriosa de 1868 y el sexenio revolucionario, la cual tenía entre sus objetivos primordiales la vuelta a la libertad de empresa, consagrándose la misma en la Constitución de 1869.

Fueron buenos años para la prensa, hasta que de nuevo, las guerras carlistas y la presidencia de Castelar, volvieron a derrocar las libertades conseguidas, chafando todas las esperanzas puestas en dichas libertades con el golpe de Estado del general Serrano, el cual suprime todas ellas.

radioPasaron los Presidentes, y aunque el derecho a la información iba adaptándose poco a poco a as exigencias de la sociedad, seguía sin encontrar las libertades que se proclamaban, siendo el punto culmen de las restricciones la dictadura de Primo de Rivera, llegando incluso a monopolizar la radiodifusión a través del Decreto de 27 de febrero de 1923 (aunque permitiría concesiones)[5]

Todo pintaba oscuro, pero llegó la II República y con ella la Constitución de 1931, todo un hito en cuanto a libertades y derechos se refiere (claro está, también al derecho de información), aunque la alegría iba a durar poco, ya que el estallido de la Guerra Civil y el posterior periodo franquista devolvió la oscuridad a la prensa.

Y, durante años, así siguió. Fueron progresivos los avances en está cuestión, aunque no fue hasta la muerte del Dictador y la promulgación de la Constitución de 1978, cuando se consagra, tal y como hoy conocemos (aunque tuvo un importante creación jurisprudencial) la libertad de información.

[1]Decreto IX. De 10 de noviembre de 1810. Libertad política de la Imprenta.

[2]Torres del Moral, Antonio y Navas Castillo, Florentina (2009). Encuadramiento terminológico y evolución histórica de las libertades informativas. Libertades Informativas, Pag. 52

[3]Diez del Corral y Pedruzo, L.: Liberalismo doctrinario, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1999.

[4]Marcuello Benedicto, Juan Ignacio (1999): La libertad de imprenta y su marco legal en la España Liberal, Universidad Autónoma de Madrid

[5]Torres del Moral, Antonio y Navas Castillo, Florentina (2009). Encuadramiento terminológico y evolución histórica de las libertades informativas. Libertades Informativas, Pag. 62

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